*Editor’s note: This article was written in English by Lindsey Beauchamp and translated into Spanish by Esmeralda Hernandez Cardenas.

*Nota de la editora: Este artículo fue escrito en inglés por Lindsey Beauchamp y traducido al español por Esmeralda Hernandez Cardenas.

El gobernador Gavin Newsom y la Legislatura estatal de California presentaron la Proposición 50, conocida como la “Election Rigging Response Act”, que apareció en la boleta de una elección especial el 4 de noviembre. 

La medida cambiaría temporalmente la manera en que se trazán los distritos congresionales de California, permitiendo que la legislatura estatal elabore nuevos mapas que se usarían en las elecciones de 2026, 2028 y 2030. Después del próximo censo de Estados Unidos en 2030, el control regresaría a la Comisión Ciudadana Independiente de Redistribución de Distritos del estado. 

El profesor de Ciencias Políticas James Samstad explica que el debate sobre la Proposición 50 resalta una tensión mayor entre el principio y la estrategia de los demócratas.

“Si estás en esta situación donde, en lo principal, piensas que la manipulación de distritos es injusta, pero también quieres que los demócratas no queden excluidos por un sistema injusto, esa es la tensión”, dijo. 

Señaló que algunos demócratas sienten que están “desarmándose unilateralmente” al seguir reglas justas de redistribución de distritos, mientras otros estados no lo hacen, y agregó: “En un mundo ideal, jugaríamos limpio, pero si el otro lado no lo hace, en lugar de perder, jugaremos sucio también”.

Los que están en apoyo de la Proposición 50, incluyen el gobernador Newsom, el senador Alex Padilla y la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, reafirman que el cambio sería solo temporal, y que la CRC retomaría el control después de 2030. Consideran que la medida es un movimiento defensivo y no uno impulsado políticamente. 

“Vota ‘Sí’ en la 50 por la democracia en los 50 estados”, dice el lema oficial de la campaña, que resalta lo que llaman un esfuerzo por proteger elecciones justas y garantizar que la voz de California siga siendo fuerte en Washington, DC.

Los opositores argumentan que la Proposición 50 viola el compromiso de largo tiempo de California con una redistribución de distritos independiente y transparente. Afirman que permitir que los legisladores tracen sus propios distritos elimina protecciones clave que evitan la manipulación de distritos y protegen a las comunidades locales.

El líder de la minoría en el Senado estatal, Brian W. Jones, ha sido uno de los críticos más vocales. En las redes sociales, acusó al gobernador y a los demócratas estatales de “manipular la próxima elección en violación de la Constitución de California”, llamando la proposición como “un apoderamiento político por parte de los políticos”.

Samstad está de acuerdo en que los demócratas podrían enfrentar consecuencias por ir en contra de los principios de la reforma de redistribución de distritos.

“Si los demócratas dicen que somos el partido con principios que quiere elecciones justas, ahora tienen menos credibilidad porque están manipulando los distritos y creando estos distritos injustos”, dijo.

Agregó que la medida podría “hacer más difícil la posición de que estamos tratando de asegurarnos de que todos tengan elecciones justas”. 

La medida también genera dudas sobre su impacto en las elecciones nacionales.

“Si no manipulan los distritos, eso podría significar que los republicanos tengan permanentemente la mayoría en la Cámara de Representantes, incluso si los demócratas obtienen la mayor cantidad de votos a nivel nacional”, dijo Samstad, describiendo el desafío para los legisladores demócratas.

También él advirtió que la manipulación de distritos en cualquier forma es “mala para la democracia”, porque resulta en “personas votando elección tras elección en la que ya está predeterminado quién ganará ese distrito en particular”.

La Proposición 50 fue, y sigue siendo, una de las medidas más observadas en California. El resultado de la votación tiene el potencial de influir en cómo el estado, y posiblemente la nación, abordará la redistribución de distritos en el futuro.